Sociedad y cultura 170

 Explotación laboral en la hacienda agrícola

Durante la primera fase del Porfiriato (1877-1895), persistió la economía de hacienda, con las

características heredadas del periodo colonial en cuanto a las relaciones sociales de producción,

pero se fueron agregando algunas innovaciones que obedecían a las necesidades del mercado de

exportación.

La hacienda del siglo xix que precedió al Porfiriato se basaba, como en la etapa virreinal, en la

explotación agrícola destinada al autoconsumo y al mercado local. La Reforma liberal, que des-

truyó el latifundismo eclesiástico e inició el despojo de tierras a las comunidades indígenas,

originó la formación de grandes haciendas en manos de particulares, las cuales empeoraron las

condiciones económicas y sociales de la explotación agrícola; existían formas de trabajo fijo, no

asalariado, efectuado por los peones ligados a la hacienda, o acasillados; otra modalidad consistía

en el trabajo eventual asalariado, realizado por peones libres, generalmente indígenas de las comu-

nidades cercanas, algunos de los cuales eran antiguos minifundistas, pero al no disponer de tierra

suficiente, se alquilaban como trabajadores asalariados. Existía además un mecanismo de arren-

damiento entre el hacendado y los trabajadores agrícolas que rentaban las tierras de la hacienda

mediante contratos no escritos, por los cuales se veían obligados a

pagar en especie, con jornadas laborales que los mantenían ligados al

dueño de las tierras en relación cercana a la servidumbre.

En tales condiciones, la producción agrícola representaba una

renta segura para el hacendado, que la empleaba en inversiones y

negocios ajenos al sector rural, así como en la vida de lujo que llevaba

en las ciudades donde permanecía la mayor parte del tiempo. Éste no

se preocupaba por incrementar la producción ni por mejorar el sis-

tema de explotación de las tierras; ni se interesaba en aprovecharlas

en toda su extensión, por lo que sólo se cultivaba parte de la superfi-

cie total.

Tal situación habría de cambiar a finales del siglo, con el impulso

del desarrollo económico. La política agraria porfirista se inició con

la aplicación de la Ley de deslinde y colonización de terrenos baldíos,

que dio origen a nuevos latifundios, con la intención de que fueran

pro ductivos.

La necesidad de aumentar la productividad agrícola condujo al empleo de mayor cantidad de

personas, pero además fueron modificadas las relaciones laborales en perjuicio del trabajador

agrícola, porque los propietarios se vieron impulsados a ejercer mayor control sobre sus haciendas

y a tomar medidas coercitivas. Quienes sufrieron en mayor grado tales medidas fueron los peones

acasillados, porque no obstante que eran considerados como obreros agrícolas asalariados, en la

práctica su salario era cubierto en especie, con productos agrícolas. Además, eran

obligados a prestar ciertos servicios no remunerados, a cambio de tener su vivienda

en las tierras del hacendado; la familia del trabajador estaba obligada, por lo mismo,

a realizar tareas domésticas de manera gratuita.

El salario en especie que recibía el trabajador era ficticio, ya que se diluía en la

llamada tienda de raya, que era un almacén de aprovisionamiento situado en el inte-

rior de la hacienda y en el que se vendían las mercancías de primera necesidad a

precios muy elevados, a cambio de los vales entregados a los peones como pago a su

trabajo. Como esos vales eran insuficientes para cubrir el costo de las mercancías

que necesitaba el peón, éste quedaba definitivamente ligado a la hacienda debido

a la imposibilidad de pagar las deudas, que aumentaban cada vez más, pues estaba

prohibido abandonar el lugar de trabajo sin haberlas saldado. El incumplimiento

de dicha prohibición era sancionado con encarcelamiento. De esta manera, el peón

se convertía en siervo, aunque legalmente fuera un asalariado; además, las deudas

adquiridas por ellos eran transmitidas de padres a hijos, por lo que el hacendado

aseguraba la fuerza de trabajo de una generación a otra, pudiendo así recuperar,

directa e inmediatamente, parte de los salarios que pagaba en especie al trabajador.

Los grupos étnicos frente al Estado porfirista

Antecedentes

Las rebeliones indígenas, que volvieron a hacerse presentes a fines del siglo xx, fueron un fenó-

meno sociopolítico de singular importancia durante casi todo el siglo xix. Desde la Independen-

cia, la población rural había sufrido múltiples cambios, ocasionados por los proyectos liberales de

modernización y la dramática situación de crisis y guerra casi permanente de esa etapa.

El grupo gobernante en turno, fuera liberal o conservador, se esforzó por constituir un Estado

nacional. A medida que dicho proyecto se consolidaba, los pueblos indígenas fueron perdiendo la

autonomía que durante el Virreinato tuvieron en su calidad de repúblicas de indios. En ese con-

texto surgieron múltiples rebeliones de campesinos, en contra de los intentos del gobierno por

romper sus formas de organización política y social tradicionales, y contra el proceso de concen-

tración de la tierra, en el que convergían intereses de hacendados, eclesiásticos, pueblos de indios,

campesinos y también especuladores.

En los gobiernos liberales, la transformación de la sociedad mexicana tuvo fuertes repercusio-

nes en la población indígena. La Constitución de 1824 decretó la igualdad ciudadana, lo cual equi-

valía al establecimiento de una nueva relación de los indígenas con el Estado, diferente a la que

habían tenido con la Corona española. La ideología dominante propuso eliminar el uso público

del término indio, al considerar que no debía seguir existiendo en un país de ciudadanos. Los

nuevos decretos se convirtieron en una política de negación del indio, con la intención de lograr

la igualdad de derechos de todos los mexicanos ante la ley. La respuesta indígena fue la rebelión

armada.

El periodo de mayor violencia agraria, que mayor inquietud y temor

causó entre las oligarquías regionales, se sitúa entre 1840 y 1876, cuando

la política de privatización de los recursos naturales y la desamorti-

zación de sus bienes hicieron que el indígena perdiera su autonomía

económica. Esto originó una ola creciente y generalizada de rebeliones

indígenas y campesinas por todo el país, a las que se llamó “guerras de

castas”, por extensión de la escenificada en Yucatán. Esa violencia pro-

vocó que en diversas regiones los grupos oligárquicos recurrieran a la

violencia para reprimir y minimizar la presencia de las etnias indígenas,

consideradas un “lastre” que impedía a México situarse entre las “nacio-

nes civilizadas”.

Rebeliones indígenas

Durante los años del Porfiriato anteriores a 1885, la lucha indígena

resultó la prolongación de las rebeliones agrarias de las décadas ante-

riores, pero a partir de ese año habría de destacarse por su presencia

regional y el carácter político de sus demandas. La posesión de la tierrasiguió siendo el motor de los conflictos, pero al crear alianzas con otros sectores de la sociedad,

las etnias indígenas formularon proyectos de nación alternativos a los del gobierno, en búsqueda

de la democracia agraria.

Entre los enfrentamientos armados de esos años, se pueden distinguir dos tipos de rebeliones:

las ocurridas en las zonas apartadas, habitadas por grupos étnicos con fuerte identidad cultural,

y las que tuvieron lugar en el centro, donde la población indígena no era mayoritaria y cohabita-

ban grupos de diferente origen étnico.

En el primer caso, destacan las rebeliones de los mayas de la península de Yucatán, los tzotziles

y tzeltales de Chiapas, los yaquis de Sonora, y los coras y huicholes de Nayarit. Debido a la lejanía

geográfica de los centros de poder político, durante la etapa virreinal estos grupos étnicos pudie-

ron mantenerse como naciones independientes; al establecerse el Estado nacional, estos pueblos

se enfrentaron al gobierno en una lucha que persistió hasta fines del siglo xix.

Los mayas, que en 1847 iniciaron la “guerra de castas”, después de muchos años de enfrenta-

mientos llegaron a formar un gobierno independiente, el cual les permitió organizar una sociedad

libre en la selva, fuera del alcance de las leyes y de las haciendas henequeneras, persistiendo en su

lucha por la defensa de esa autonomía y la restitución de sus tierras. El gobierno porfirista, en

un intento por pacificarlos, les ofreció la división y el reparto de tierras, pero los mayas no acep-

taron. Ante esta negativa, las autoridades emprendieron una campaña de represión militar, que

culminó en 1904 cuando el ejército logró pacificar a los rebeldes.

En el noroeste del país, los yaquis se habían mantenido en rebeldía desde la segunda década

del siglo xix. En diciembre de 1896, el coronel Francisco Peinado propuso un tratado de paz al

líder yaqui Juan Maldonado Tetabiate; asimismo, autorizado por el gobierno, el militar envió ali-

mentos y ganado a los indios, asegurando que sus vidas, tierras e intereses serían respetados. En

marzo de 1897 ambos jefes concertaron la paz; en el convenio quedó establecido que se otorgarían

a los indios parcelas de ejido en sus pueblos. Poco más de 6 mil yaquis regresaron a poblar su

territorio y a reconstruir los pueblos de Bacum y Vicam. Pero de nuevo surgieron conflictos por-

que exigían que el ejército se retirara, tal como había prometido el gobierno; en 1889, ante nuevos

intentos por fraccionar sus tierras, volvieron a tomar las armas.

En las rebeliones del centro del país participaron los campesinos que habían apoyado a Porfi-

rio Díaz durante la revolución de Tuxtepec y que ahora se pronunciaban en contra de su gobierno,

en rechazo a la política de conciliación con terratenientes y grupos conservadores en perjuicio de

los campesinos. Estas rebeliones se caracterizaron por aliarse con los movimientos

políticos que pugnaban por un pacto federal en contra del centralismo del régimen.

Las luchas agrarias de mayor trascendencia tuvieron como principales aliados

a algunos de los militares ex combatientes de la revolución de Tuxtepec y a los inte-

lectuales socialistas. Por medio de manifiestos, denunciaron el incumplimiento de

las promesas hechas a los campesinos, la corrupción de los funcionarios públicos

y la dependencia con Estados Unidos; se pronunciaban a favor del municipio libre,

como medio para hacer efectiva la distribución de la tierra. Una de las rebeliones

más importantes fue la de Sierra Gorda (1877-1881), encabezada por el general

Miguel Negrete.

Al proponer la instauración de un sistema de democracia agraria con autono-

mía municipal, las rebeliones del centro tuvieron mucho impacto en la prensa y la

clase gobernante, porque rebasaban las demandas por la tierra y cuestionaban el

sistema político en su conjunto.

Trabajo minero y fabril

En la industria extractiva y de transformación no hubo cambios sustanciales durante la primera

fase del Porfiriato (1877-1895), salvo cierta movilidad que empezó a manifestarse al aumentar la

demanda de mano de obra en la minería, en la industria fabril y en el sector de comunicaciones,

como resultado de la expansión de la red ferroviaria y de los caminos carreteros.

Sin embargo, en estos sectores aparecieron también aspectos negativos con referencia al trato

que se daba al trabajador en las minas y en las fábricas, donde era sometido a largas jornadas

laborales, a bajos salarios pagados en muchos casos mediante el sistema de tienda de raya, así

como a la explotación de niños y mujeres, a quienes se hacía trabajar en exceso y se les pagaba

menos que a los varones adultos. Tal situación generó el descontento de la clase obrera, comenzó

a expresarse mediante la creciente conciencia de sus derechos y la realización de huelgas,11 que

estallaron desde los primeros años del Porfiriato, sin que se lograra modificar el sistema opresivo

de las relaciones laborales.

Formación de los sectores medios de población

El crecimiento de la economía propició la consolidación de capas medias de la población que

empezaron a emerger en las primeras etapas del Porfiriato. La actividad industrial, minera, la

infraestructura de transportes, las nuevas formas de comunicación como el telégrafo y el teléfono,

y las primeras instalaciones eléctricas, permitieron que hacia 1890 se diera un considerable incre-

mento en la demanda de trabajadores y técnicos especializados y de servicios. Además, la tenden-

cia administrativa del régimen porfirista dio lugar al aumento de empleados públicos, así como al

número de maestros de escuela y profesionistas, gracias a las políticas educativas del Porfiriato.

Este sector, compuesto por empleados, burócratas, maestros y profesionistas elevó la pobla-

ción urbana, y fue creciendo a la par de otro sector medio de población nacional cuyos ingre-

sos eran relativamente superiores, integrado por comerciantes e industriales, y por los nuevos

hacendados que adquirieron tierras deslindadas y combinaron las actividades de la agricultura

moderna con el comercio y la industria.

Hacia finales de la era porfirista, la existencia de esos sectores demográficos constituía el

punto medio entre la oligarquía terrateniente compuesta por los propietarios de la hacienda tra-

dicional, y la población de trabajadores agrícolas, mineros y obreros fabriles.

Instrucción pública

El primer secretario de Justicia e Instrucción Pública del Porfiriato fue Protasio Tagle,

quien continuó la labor iniciada en la etapa juarista y conservó la misma línea liberal

positivista, en contra del dogmatismo religioso y en favor de la enseñanza objetiva.

En 1879 se reformó el Reglamento de Instrucción Pública, bajo el principio de “utili-

dad” en la enseñanza; se introdujeron nuevas asignaturas con objeto de que el estudio

de las ciencias físicas y la historia natural tuvieran aplicaciones prácticas. Se preo-

cupó por la preparación de maestros; ordenó la construcción de escuelas de este nivel

y la de algunas instituciones regionales de agricultura, e hizo depender del Estado las

escuelas que hasta entonces habían sido atendidas por sociedades de beneficencia.

En los dos primeros años del gobierno de Manuel González, el Ministerio de Ins-

trucción Pública fue ocupado por Ezequiel Montes, liberal opuesto al positivismo, que

eliminó tal doctrina de las políticas educativas porque, según su opinión, se ponía en

peligro la libertad en aras del desarrollo económico.

Para 1882 se había logrado un notable incremento de escuelas de niveles elemen-

tal y superior, así como en el número de profesores capacitados. En ese año, Ezequiel

Montes fue sustituido por Joaquín Baranda, quien habría de permanecer en el Minis-

terio por los siguientes 18 años. Baranda retomó el positivismo, pero trató de reducir los defectos

señalados por Montes, procurando que no fuera relegado el aspecto humanístico. Celebró varios

congresos de instrucción pública, entre los que destaca el de 1889-1890, organizado con el propó-

sito de discutir los problemas educativos más importantes del país.

En el citado Congreso se estableció la instrucción primaria superior como enlace

entre la enseñanza elemental y la preparatoria. También se tenía la intención de que

la enseñanza primaria llegara a toda la población infantil del país, incluyendo el

área rural. Además fueron formulados planes educativos para el área rural, como

la creación de escuelas en las haciendas y rancherías, la organización de un ser-

vicio de maestros ambulantes que acudieran a poblados pequeños, y el estableci-

miento de colonias infantiles que funcionarían con base en contratos establecidos

entre empresas particulares y el gobierno.

Sin embargo, el programa de educación para las zonas rurales no funcionó,

debido a la oposición de los caciques locales, a quienes no convenía que los habitan-

tes de sus zonas de influencia fueran instruidos. Existían, además, otros obstáculos,

tales como la falta de vías de comunicación, la escasez de presupuesto, la ineficien-

cia o complicidad de las autoridades locales con los hacendados, y la necesidad de

los trabajadores de ocupar a sus hijos en las tareas agrícolas.

En 1891 se promulgó la Ley reglamentaria de instrucción obligatoria en el Dis-

trito Federal y en los territorios de Tepic y Baja California, que establecía la facultad

del Estado para intervenir en la educación pública. Tal reglamentación disponía

que la instrucción primaria elemental fuera obligatoria, con carácter laico y gra-

tuito en las escuelas oficiales. El reglamento permitía el funcionamiento de las

escuelas particulares con la condición de que adoptaran los programas oficiales.

La obra educativa de Joaquín Baranda permitió el mejoramiento de la instruc-

ción primaria, mediante el enfoque técnico y social que imprimió al positivismo.

También reorganizó la enseñanza normal, aunque estos logros beneficiaron sola-

mente a los centros urbanos y sobre todo a la capital de la República.

En 1901, Joaquín Baranda fue sustituido por Justino Fernández, miembro del

grupo de los científicos, quien nombró a Justo Sierra Méndez como subsecretario

de Instrucción. Este último se había distinguido por su interés en los temas edu-

cativos y planteaba un programa de reformas que abarcaba todos los niveles de

enseñanza. Para Sierra, la primaria ya no debía ser simplemente instructiva, sino

educativa, pues consideraba que no era suficiente enseñar al niño a leer, escribir y contar, sino a

pensar y a sentir.

Al crearse la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1905, Justo Sierra fue desig-

nado ministro de la misma y a partir de entonces la educación recibió mayor impulso. Parecía que

finalmente Porfirio Díaz había comprendido que la educación pública del país era tan importante

como la transformación económica.

En términos generales, la educación en el país mostraba notables avances; la organización de

las escuelas estaba más adecuada a las circunstancias y a los recursos de cada entidad, y la for-

mación de los maestros, obra del régimen, había llenado un gran vacío. Tanto a nivel federal como

estatal, las autoridades hacían alarde del incremento de sus escuelas y alumnos,12 y destacaban

que, como nunca antes, la población sentía amor por el saber. Haciendo eco al optimismo del

gobierno, el periódico que servía como vocero extraoficial, El Imparcial, se complacía en anunciar

la llegada de una nueva era para la educación popular.

Sin embargo, frente a ese panorama optimista era innegable el hecho de

que, en 1905, 85% de la población era analfabeta, y el avance educativo se había

limitado a los aspectos teóricos e ideológicos; faltaba todavía llevar a la prác-

tica lo propuesto en la legislación y en el discurso.

En 1908 fue promulgada la ley que, amparaba un programa de estudios que

incluía la obligación de enseñar trabajos manuales. Uno de los grandes obje-

tivos de los pedagogos del Porfiriato fue educar al niño para una vida de tra-

bajo cuya finalidad eran la paz y el progreso nacionales. La Escuela de Artes y

Oficios no sólo se enfocó a la niñez, sino también a los obreros, jóvenes y adul-

tos, con base en la idea de que la modernización del país requería de técnicos

capacitados. Además, el proceso de industrialización originó la necesidad de

incorporar a la mujer a trabajos especializados que implicaban adiestramiento.

Las nuevas fábricas textiles y tabacaleras, las oficinas públicas

y los pequeños comercios, que solicitaban contadoras, mecanó-

grafas y taquígrafas, requerían mano de obra calificada. La edu-

cación técnica se proponía “hacer de la mujer un miembro activo

del progreso, enaltecer su función como ser humano que trabaja y

que se mantiene a sí mismo y despertar en ella el sentimiento del

amor al estudio y al trabajo”.

Justo Sierra continuó su labor al frente de la Secretaría de Ins-

trucción Pública y Bellas Artes hasta el final del Porfiriato y en

1910 logró la realización de obras tan importantes como la fun-

dación de la Escuela de Altos Estudios y la Universidad Nacional

de México.

Delgado de Cantú, G. M. (2015). Sociedad y cultura. En G. M. Delgado de Cantú, Historia de México. Legado histórico pasado reciente. (págs. 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177). México: Pearson Educación.