La economía en la era porfirista

 Políticas agrarias

Con el propósito de promover el desarrollo de la agricultura y favorecer la exportación de materias primas, a partir de 1883 el gobierno promulgó

varias leyes por medio de las cuales ponía a disposición de compradores

privados, a precios muy bajos, las tierras consideradas como baldías.

Este proceso, por el cual fueron expropiadas tierras que en realidad no

eran baldías, está estrechamente ligado a la Ley Lerdo (1856), que tuvo como

consecuencia la formación del latifundismo laico y el despojo de las tie-

rras pertenecientes a comunidades indígenas.

La ley que amparó la expropiación de tierras, y que entre 1884 y 1907

afectó alrededor de 49 millones de hectáreas,7

fue la llamada Ley de des-linde y colonización de terrenos baldíos, promulgada en 1883. Numerosas

tierras declaradas “baldías” eran propiedad de comunidades indígenas,

y fueron incorporadas a las zonas deslindadas sin que sus auténticos dueños pudieran exigir sus

derechos, pues muchos carecían de títulos de propiedad y, en los casos que tal documento exis-

tiera, no correspondía a las normas vigentes, desconocidas por la mayoría de los indígenas, cuya

ignorancia al respecto era aprovechada por los especuladores para invalidar los títulos de propiedad.

La ley también autorizaba a los colonos, ya fueran extranjeros o mexicanos, a denunciar las

tierras consideradas inactivas y a constituir compañías deslindadoras, con las que el gobierno

establecía contratos. Los colonos o las compañías recibían como pago un tercio de dichas tierras,

y se les concedía además el derecho de adquirir los otros dos tercios en condiciones preferenciales.

En los siguientes años, las leyes fueron cada vez más favorables para las compañías deslindado-

ras; en 1893 se suprimió el límite de 2 mil 500 hectáreas por persona y se eliminó la obligación de

poblar los terrenos; se dispuso además que los ejidos y tierras comunales fueran separados en lotes,

autorizando a los usufructuarios para enajenarlos. Un año después se aprobó

la Ley de tierras y enajenación de baldíos, en la que se ratificaba el derecho

de todo ciudadano a adquirir, por denuncia, terrenos baldíos o de propiedad

nacional, pero en este caso ya no se fijaba límite alguno de superficie.

Hubo algunos casos en los que fueron deslindados terrenos verdaderamente

baldíos, como en el norte de la República, poco poblados y mal comunicados,

en donde tales tierras pasaron a ser propiedad de compañías y particulares

extranjeros, principalmente estadounidenses e ingleses. Sin embargo, en

dicha región también hubo despojo de tierras comunales indígenas, como

las de los yaquis y mayos en Sonora, grupos que fueron objeto de exterminio

debido a su resistencia.

En el sur y sureste, las regiones en que se dio dicho deslinde en mayor

grado, con el consecuente daño para las comunidades indígenas, fueron: Chiapas,

la costa de Oaxaca, la costa de Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas. En cambio,

en la zona del centro del país el deslinde sólo alcanzó 1.27% de su superficie.

Las zonas norte y tropical tuvieron mayor relevancia en el proceso de coloniza-

ción de tierras baldías; la primera, en virtud de su escasa población y su cercanía

con Estados Unidos, y la segunda, por las enormes posibilidades que ofrecía para

la producción agropecuaria y forestal de exportación. En el centro del país no se

dio el mismo proceso, donde la mayoría de las tierras útiles estaba ocupada por

las grandes haciendas existentes desde periodos anteriores, que lograron hacer

respetar sus derechos de propiedad.

El sistema de colonización y deslinde de tierras no tuvo los resultados espe-

rados, pues en lugar de impulsar la pequeña propiedad, originó la formación de

enormes latifundios, los cuales retomaron muchas de las características del sis-

tema de haciendas heredado de la época colonial.

En cuanto a la actividad agropecuaria, en razón de la demanda extranjera

las regiones de clima tropical y semitropical fueron obligadas a aumentar la pro-

ducción de cultivos que hasta entonces se habían explotado en estado silvestre,

e incluso a introducir nuevos cultivos.

La minería

Esta rama de la producción tuvo gran importancia durante el Porfiriato, pues además de mante-

ner la tradición de México como productor de plata, en este periodo se dio un notable aumento de

la producción de metales y sustancias minerales para uso industrial, así como de la producción

de combustibles, que se incrementaron en los últimos años del régimen.

Como sucediera en otros sectores, el crecimiento de la minería obedeció a las inversiones

extranjeras de capital, pero también influyó la política económica que, por medio de la nueva

legislación, impulsó la explotación de los recursos minero-metalúrgicos.

Tales leyes, promulgadas a partir de 1884, concedían facilidades para que todo habitante de

la República que quisiera dedicarse a la minería, pudiera adquirir derechos de propiedad y liber-

tades para la explotación de las mismas. La actitud favorable del gobierno atrajo a inversionistas

extranjeros, quienes empezaron a explotar los recursos mineros de México.

Hubo además otros factores que contribuyeron al crecimiento de la pro-

ducción minera, como el desarrollo de las comunicaciones, y la introduc-

ción de nuevos sistemas tecnológicos, en especial la energía eléctrica, la cual

empezó a utilizarse hacia finales de la década de 1880. Hacia 1890 se comen-

zaron a introducir en la minería mexicana métodos innovadores en el bene-

ficio de minerales, como el de cianuración y lixiviación, que aceleraron el

crecimiento de la minería.

La comercialización de los minerales estuvo supeditada al mercado externo, y basada en la

exportación de plata; esta situación expuso a la minería mexicana a sufrir las altas y bajas inter-

nacionales. El consumo de los productos mineros en el interior del país estuvo determinado por

su empleo en la acuñación de la moneda de níquel y bronce, en cuya composición se emplearon el

cobre, el estaño y el zinc. Otra aplicación se dio en los campos de las artes y la industria, aunque

en menor grado que en la acuñación de monedas.

En general, fue muy importante el crecimiento del sector minero durante todo el Porfiriato,

pero hubo de destinarse casi en su totalidad a la exportación. La legislación sobre minerales, que

buscaba intensificar su extracción, acabó por favorecer la apropiación de las minas, por parte del

capital extranjero. Asimismo, dadas las características de dependencia, los precios de los metales

de exportación estuvieron ligados a las fluctuaciones del mercado internacional, y registraron una

tendencia a la baja debido básicamente a la depreciación de la plata.

Industria de la transformación

La industria registró notable avance a partir de 1890, pues a partir de

entonces se incrementó la inversión extranjera en este sector e hicieron su

aparición las sociedades anónimas del exterior, además inició la participa-

ción del capital mexicano con fábricas mecanizadas con tecnología moderna.

Dichas fábricas se dedicaron a actividades textiles, papelería, calzado, azúcar

y piloncillo, pastas y conservas alimenticias, destilería y vitivinícolas, cerve-

cerías, cigarros y puros, papel, imprenta, productos químicos, aceites, jabo-

nes, vidrio, cemento y siderurgia. Esta última constituyó la gran novedad del

sector industrial a finales del Porfiriato, cuando se creó la primera planta en

América Latina. 

Las nuevas fábricas se establecieron principalmente en grandes

ciudades donde se concentraba el mayor número de consumidores,

como México, Guadalajara y Puebla, o bien en puntos importantes que

tocaban las líneas ferroviarias, como Monterrey y Orizaba.

Junto al crecimiento de la moderna industria, persistía la pequeña

industria, dedicada a la elaboración de productos para el mercado

interno, en talleres donde operaba un pequeño número de obreros.

Se encontraban en desventaja respecto de las modernas industrias,

y estaban expuestas a sucumbir en casos de crisis como la que ocu-

rrió en 1907. En cambio, en las fábricas modernas creció el número

de trabajadores y empezó a formarse el moderno proletariado indus-

trial. Entre 1895 y 1910 hubo un incremento de 52 mil empleos que

originó gran demanda de obreros calificados, y aunque tal demanda

se satisfacía en muchos casos con trabajadores extranjeros, con el tiempo el obrero mexicano fue

asimilando las técnicas modernas y adaptándose a los avanzados procesos de manufactura.

Los capitales

Las primeras inversiones en la industria provinieron de extranjeros residentes en México, france-

ses y sobre todo españoles, quienes habían hecho aquí sus capitales, en gran parte gracias a sus

actividades comerciales, e invirtieron en la industria textil y cervecera a partir de 1889. Poco más

tarde entraría al país inversión extranjera dedicada a diversas ramas de la industria.

En el sector textil, los capitales ingleses fueron destinados a la manufactura de tejidos de yute.

La industria tabacalera fue financiada principalmente por capitales franceses y españoles, aunque

también había pequeñas fábricas, propiedad de inversionistas alemanes. La industria cervecera se

desarrolló de manera notable en esta época con capitales alemanes, además de algunos españoles

y mexicanos, en varias regiones del país. La industria química fue financiada

en parte por capitales alemanes. Los estadounidenses prefirieron invertir en

minería, petróleo e industria azucarera, aunque también lo hicieron en la

construcción de las redes ferroviarias.

No obstante el gran peso del capital extranjero en la industria de la trans-

formación, los inversionistas mexicanos participaron de manera considerable

en su desarrollo. Fernando Rosenzweig afirma que 71% del capital inver-

tido entre 1886 y 1910 en las nuevas industrias fue aportado por mexicanos.8

Muchos mexicanos fueron accionistas en compañías textiles, fábricas

de calzado, empresas tabacaleras y en cervecerías, como la Cuauhtémoc, de

Monterrey, fundada en 1890. En la naciente e importante industria siderúr-

gica, los inversionistas mexicanos también participaron en la Fundidora de

Fierro y Acero de Monterrey, que empezó a trabajar en 1902 con capitales

estadounidense, francés y español, además del nacional.

En síntesis, entre 1889 y 1905 se dio el crecimiento que, acelerado a partir de 1896, sería deci-

sivo en la formación de infraestructura industrial moderna con capitales abundantes, naciona-

les y extranjeros, importación de tecnología, reducción del sistema artesanal y surgimiento de la

industria pesada.

En 1906, la industria entró en fase depresiva en algunas de sus ramas, agra-

vada por el pánico originado por la crisis financiera que estalló en Nueva York

en octubre de 1907, la cual tendría serias repercusiones en México e intensifica-

ría los problemas sociales que para entonces habían empezado a manifestarse.

Transportes

Entre 1877 y 1895 dio comienzo la modernización de la infraestructura de

transporte, la cual permitió el desarrollo del comercio —interior y exterior— a

partir de ese último año. Tal proceso consistió en: a) construcción de la redferroviaria nacional; b) realización de mejoras en los puertos; c) establecimiento de un sistema

financiero y bancario más efectivo; d) promulgación de leyes para estimular el comercio;

e) ampliación de las comunicaciones telegráficas y telefónicas, y f) supresión definitiva de las

aduanas internas y las alcabalas.

La expansión de la red ferroviaria fue considerable; entre 1880 y 1910 fueron tendidos 18 mil

206 kilómetros de vías, cifra considerablemente mayor que la de 1 074 kilómetros construidos

durante los gobiernos de la República Restaurada; pero fue entre 1880 y 1885 cuando se dio el

ritmo de crecimiento ferroviario más acelerado.

En la construcción de las vías férreas nacionales intervinieron de manera predominante

capitales extranjeros, aunque también hubo aportaciones menores de empresarios mexi-

canos. La colaboración del gobierno se limitó en principio a otorgar subsidios y franquicias

a las compañías constructoras, pero en 1890 comenzó a intervenir en la programación y regla-

mentación de la red ferroviaria. Las líneas de mayor longitud fueron las que comunicaban a la

capital con las principales ciudades de la frontera norte. Asimismo fueron tendidas vías férreas

que conectaban los centros de explotación agrícola y minera con los grandes mercados

potenciales (ver mapa 5.3).

El crecimiento del sistema ferroviario influyó de manera directa en el cre-

cimiento del sector comercial, y aunque al principio sirvió de estímulo para

impulsar la producción y circulación de bienes en el mercado nacional, a

medida que se extendían las líneas férreas, el gobierno favorecía más al sector

exportador y a los grandes productores nacionales, otorgándoles tarifas pre-

ferenciales, mientras cobraba tarifas más altas a quienes menos usaban el

servicio, perjudicando con ello a los proveedores internos y a los pequeños

y medianos productores.En 1898, Limantour impulsó una serie de medidas destinadas a regular el

sistema de concesiones a las compañías ferrocarrileras sobre las líneas que

habrían de construirse a partir de 1900. El interés de Limantour obedecía a la

necesidad de resolver la duda de si las empresas tenían derecho de propiedad

sobre las vías, material rodante y edificios, o si únicamente debían gozar del

usufructo de los mismos.

Con base en lo anterior, ese año la Secretaría de Hacienda impulsó la pro-

mulgación de la primera Ley general de ferrocarriles, mediante la cual estable-

cía que las concesiones serían menos generosas, y sólo se otorgarían cuando

se tendiera líneas férreas destinadas a satisfacer las necesidades económicas

del país, y que sirvieran para unir el interior de la República con los puertos

más importantes.

En 1908 se formalizó un convenio entre el gobierno mexicano y las empresas

extranjeras que consolidaba las propiedades ferrocarrileras de éstas en una sola

empresa, constituida y ubicada en México. Así quedó establecida la Compañía de los

Ferrocarriles Nacionales de México, en la que el Estado mexicano obtuvo participa-

ción mayoritaria. La nacionalización abarcó 58% de la red ferroviaria.

Aspectos financieros y monetarios

Sistema bancario

El primer banco comercial se estableció en el país durante la Segunda Inter-

vención francesa. En 1864 se instaló en México la sucursal de un banco inglés,

llamado Banco de Londres, México y Sudamérica.

Durante el gobierno de Manuel González fueron fundados: el Banco Mer-

cantil Mexicano, el Banco Internacional Hipotecario y el Banco de Empleados.

Las únicas instituciones de crédito que tenían concesiones oficiales eran tres

bancos en Chihuahua, el Banco Nacional Mexicano en la capital, y los permi-

sos otorgados al Monte de Piedad, institución dedicada a los préstamos pignora-

ticios (de empeño) desde tiempos coloniales.

En 1881 se fundó el Banco Nacional Mexicano, primero al que se autorizó establecer sucursales

en las principales ciudades del país, y llegó a ser la institución bancaria del gobierno. Al igual que

el Banco Mercantil, Agrario e Hipotecario, el Banco Nacional Mexicano tenía capacidad para emi-

tir billetes. Ambas instituciones se fusionaron en 1884 para establecer el Banco Nacional de México

(Banamex); esta institución representó un gran cambio en las finanzas mexicanas pues se convir-

tió en el banco del gobierno, aunque seguía siendo de propiedad y administración privadas.9

Una de sus medidas más importantes, impulsadas por José I. Limantour al ocupar el cargo

de ministro de Hacienda, fue la expedición de la Ley general de instituciones de crédito, en 1897,

con el propósito de reorganizar los bancos con un criterio de especialización que consideraba

tres tipos: de emisión, autorizados para fabricar moneda; refaccionarios, que otorgarían créditos

para fomentar las actividades industriales y comerciales; e hipotecarios, que habrían de

efectuar operaciones de hipoteca sobre fincas urbanas y rurales. Con tal especialización se

buscaba configurar un sistema nacional de crédito ordenado y efectivo, bajo la vigilancia

de la Secretaría de Hacienda.

Como resultado de dicha medida, comenzó a crecer el número de bancos, principal-

mente los de emisión, que se instalaron en casi todos los estados de la República; en cam-

bio, los otros dos tipos apenas mostraron desarrollo. La Ley general de instituciones de

crédito no dio el resultado esperado, porque las autoridades siguieron concediendo privi-

legios a un reducido número de personas y la ley no fue acatada. La situación bancaria no

se resolvió y las deficiencias del sistema, sobre todo la falta de liquidez, se hicieron mani-

fiestas al producirse la crisis de 1907.

Finanzas públicas

Durante sus primeros años, el régimen porfirista padeció constante déficit hacendario,

originado por los problemas económicos y la deficiente organización administrativa de

los gobiernos anteriores. Por lo tanto, una de las tareas iniciales consistió en reformar los

ingresos y gastos públicos.

Deuda pública

Al inicio del Porfiriato, el problema de la deuda pública exigía solución

urgente, pues la gran mayoría de los ingresos del Estado era destinado a su

pago, razón por la cual México no era considerado como sujeto de crédito

para la banca internacional. El reconocimiento de la deuda inglesa permitió

recobrar el crédito en el extranjero y concertar nuevos préstamos, como el

negociado con la casa alemana Bleichroeder, para solucionar los graves con-

flictos creados por la crisis económica que comenzara en 1891. Dicha crisis

empezó a solucionarse en 1895 debido en gran parte a las medidas adoptadas

por José Ives Limantour, las cuales permitieron alcanzar, por primera vez en

la historia de México, superávit en las finanzas públicas.

La renegociación de la deuda externa era considerado de vital importancia por Liman-

tour, porque aproximadamente 80% de los ingresos públicos era destinado al pago anual de

intereses, a los países acreedores. En 1899 Limantour aceptó la proposición de un consorcio

de bancos alemanes e ingleses, según la cual las deudas con el exterior podrían ser reconver-

tidas en un solo empréstito de 23 millones de libras esterlinas a 5.62% de interés anual, amorti-

zables en 25 años.

Aquella solución fue momentánea, pues la crisis de 1901 en Estados Unidos repercutió en

México a través de una nueva depreciación de la plata, con la consecuente devaluación del peso

y el aumento de la deuda externa. Esta nueva situación de crisis económica obligó al gobierno

mexicano a recurrir a la desventajosa solución de obtener nuevos empréstitos del exterior.

Para 1909, la deuda pública nacional llegaba a los 450 millones de pesos, que el gobierno

estaba obligado a pagar con 42 millones de pesos anuales, equivalentes a 30% de sus ingresos.

Reforma monetaria de 1905

La inestabilidad monetaria provocada por las continuas fluctuaciones del precio internacional

de la plata obligó al gobierno mexicano a llevar a cabo, en 1905, una reforma monetaria consistente en la adopción del patrón oro, estableciendo la relación bimetálica de una cantidad de oro por 32

de plata, con lo que prácticamente se aceptaba la devaluación del peso mexicano en 50 por ciento.

Pero esta medida no tuvo el efecto esperado y, en cambio, provocó que se dejara de acuñar

plata en la Casa de Moneda, al grado de que este metal fue desapareciendo del sistema monetario

nacional. Se tuvo entonces que recurrir a la emisión de moneda en casas estadounidenses, que

acuñaron pesos-plata y moneda fraccionaria mexicanos. Durante el año fiscal 1906-1907 se puso

en circulación la mayor cantidad de monedas en la historia, con objeto de restablecer el equilibrio

del circulante, lo cual generó crecientes presiones inflacionarias; asimismo, en octubre de 1907

estalló una nueva crisis económica en Estados Unidos, la cual habría de ser la más grave de todas

las que sufrió el Porfiriato.

Delgado de Cantú, G. M. (2015). La economía en la era porfirista. En G. M. Delgado de Cantú, Historia de México. Legado Histórico y pasado reciente (págs. 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168). México: Pearson Educación.